Jóvenes que cometan delitos federales podrán ser enviados a prisión a partir de los 14 años
La ley, con los cambios aprobados ya por senadores y diputados, debe ser publicada por Calderón
Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Jornada, 29 de marzo de 2012. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados –excepto un sector del Partido del Trabajo (PT)– aprobaron ayer la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que impone un nuevo sistema de prisión, prohibiciones y sanciones para jóvenes que cometan delitos federales; sustituye el sistema de consejos tutelares para menores e impone que la edad para que se les impute la comisión de un delito es a partir de los 14 años y no a partir de los 18, como hasta ahora.
Al argumentar en favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), defendió que la prisión preventiva se decretará en situaciones excepcionales y para delitos federales, y que antes de ordenar el encarcelamiento de los menores, un juez especializado podrá determinar otras medidas, como la reclusión domiciliaria, trabajos en favor de la comunidad y cumplimiento de la pena en cárceles por hora.
El catálogo de delitos que sanciona la ley son: terrorismo, contra la salud, ataques a las vías generales de comunicación, violación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, homicidio, secuestro, robo calificado; así como uso, acopio, portación e introducción de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y robo de hidrocarburos.
Benítez Treviño sostuvo que se trata de una legislación garantista, que hoy los adolescentes en México no tienen y por eso los menores de 18 años varias veces se aumentan la edad para tener la libertad bajo fianza.
El diputado Jaime Cárdenas (PT) cuestionó el alcance de la ley, porque, reprochó, cómo puede ser garantista un dictamen que quiere ver a las personas como delincuentes y no como personas y seres libres. Esto, a partir de lo indicado en el dictamen respecto de que los jóvenes tienen derecho a la libertad.
El legislador cuestionó que la ley pretenda ejercer más presión y punibilidad a los niños y adolescentes, de por sí ya afectados por el crimen organizado, la falta de oportunidades de empleo y de educación. Incluso refirió que nueve artículos crean un catálogo de prohibiciones para niños y adolescentes que hayan sido acusados de un delito y sancionados por un juez.
